Por una infraestructura ciudadana

Carlos Cruz

En tiempos como los que corren, es necesario que todos los recursos del Estado estén dispuestos para apoyar iniciativas que, una vez superada la emergencia, sean capaces de revertir la tendencia al desempleo que dejará como secuela la crisis económica que el país está enfrentando. Junto con la inflación, el desempleo es, si más, el principal problema económico que puede enfrentar una sociedad.

En Chile, cerca del 80% del empleo es provisto por el sector privado y el 20% restante, por el sector público. En ese sentido, los instrumentos que se diseñen para estimular la contratación en el sector privado son muy importantes. De igual forma, es necesario valorar los esfuerzos que puede hacer el sector público para este propósito. La inversión pública es la principal forma de estimular un empleo eficiente de parte de este sector. Y para que esta cumpla, además, con el propósito de indicar la orientación que las autoridades quieren darle al país del futuro, esta inversión pública debe tener sentido estratégico.

En ese orden de ideas, la creación del Fondo Covid nos parece una gran oportunidad para demandar que parte de esos recursos -que se “administrarán separados del presupuesto de la nación”- se destinen a inversión pública, decisión que es parte del acuerdo entre gobierno y oposición, aunque hasta ahora se ha dicho poco al respecto.

Entre las inversiones públicas en infraestructura más relevantes, debieran considerarse como prioritarias aquellas de impacto inmediato en las comunas más vulnerables, especialmente en lo que tiene que ver con accesibilidad, desplazamiento y generación de espacios para el encuentro de las familias, de modo de facilitar a sus habitantes una movilidad expedita y segura y un lugar de acogida para quienes no están en condiciones de sobrellevar confinamientos en sus propios hogares. Estamos hablando de pavimento de calles, veredas, espacios para la circulación en bicicleta, arborización, señalética, luminaria y “salones de barrio”, entre otras. A través de los alcaldes es fácilmente identificable la magnitud de estas inversiones faltantes y las oportunidades que este tipo de intervenciones menores representan.

El trabajo conjunto de ministerios, gobiernos regionales y municipios en la identificación de proyectos, su licitación pública y el control de los procesos de inversión, con un significativo impacto en los territorios, sería una muestra de un Estado presente en lugares donde se reclama por su ausencia. Sería una forma de comenzar a recuperar las confianzas en las instituciones y así contrarrestar en parte la anomia que ha caracterizado al país en los últimos meses.

Esto no reemplaza la necesidad de que, como sociedad, nos hagamos cargo del déficit habitacional que aún existe y que ha quedado tan de manifiesto ante la exigencia de cuarentena en muchas comunas. Para este efecto, es perfectamente posible recurrir a patrimonio subutilizado con que hoy cuenta el Estado en manos del Ministerio de Bienes Nacionales y otras instituciones. Levantar barrios en esos territorios es una posibilidad que bien podría dar origen a acuerdos de cooperación entre el sector público y el sector privado, utilizando como marco la ley de concesiones del MOP u otra y como flujos, los subsidios a los que los beneficiarios podrán tener derecho.

Creemos que esta no es la hora de los grandes proyectos de orientación productiva; es el momento de que, con los escasos recursos públicos de que se dispone, nos hagamos cargo tanto del desempleo, como de los rezagos en infraestructura y vivienda que afectan a una gran mayoría del país, para de esta forma, comenzar a nivelar una cancha que se ha develado como muy desigual.